UPA le pide a Garzón sacar a la ganadería familiar del debate sobre las “macrogranjas”

UPA le pide a Garzón sacar a la ganadería familiar del debate sobre las “macrogranjas”

España.- El secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se saque a la ganadería familiar del debate generado en torno a las “macrogranjas”.
Ramos se ha reunido este jueves con el ministro tras la polémica generada por la entrevista que concedió al diario británico The Guardian en la que indicó que este tipo de granjas “contaminan los suelos, el agua y después, normalmente, se exporta… Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce”.

Según ha señalado Ramos a los medios de comunicación, en el encuentro le ha expuesto que la ganadería familiar es “ajena” a dicho debate porque “hace las cosas bien” y ha detallado que en este modelo cabe la producción extensiva, ecológica e intensiva.
Ha defendido que las granjas familiares están “muy bien preparadas” y “no se puede poner en entredicho, en ningún momento, su viabilidad”.
También le ha expresado al ministro su “malestar” porque a pesar de hacer referencia a las “macrogranjas”, un modelo con el que UPA está “en contra”, su entrevista en The Guardian ha levantado una polémica que “no es buena para la ganadería” en general.
Ramos ha insistido en la necesidad de diferenciar granjas intensivas familiares de “macrogranjas”, un término que sigue “sin estar definido” en la legislación española y ha pedido que se avance al respecto.

CALIDAD DE LA CARNE Y BIENESTAR ANIMAL
En cuanto al debate sobre la calidad de la carne, ha remarcado que el “99,9 %” de la obtenida en España es de buena calidad según los datos extraídos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Respecto al maltrato animal, el secretario general de UPA ha mostrado su repulsa a “quien maltrate” a un animal pero “lo que hay que hacer es denunciar” los casos de los que se tenga conocimiento.

DIFERENCIACIÓN ETIQUETADO
Ramos también le ha pedido a Garzón que su Ministerio avance hacia una diferenciación de los productos procedentes de explotaciones familiares, algo que el ministro ha visto “con buenos ojos”.
Es un “marchamo” que cree necesario para que los consumidores “sepan diferenciar” y vean que la “agricultura y la ganadería familiar es garantía de calidad”.
Como ya hizo en días pasados, UPA le ha vuelto a invitar a conocer la realidad de esta ganadería en España y el ministro se ha mostrado dispuesto a ello.

GARZÓN DEFIENDE CONOCER EL ORIGEN DE LA CARNE

Garzón, por su parte, ha defendido el derecho de los consumidores a conocer “con la mayor precisión posible” de dónde procede la carne que están consumiendo. Se ha comprometido a estudiar las propuestas de esta organización agraria relacionadas con el etiquetado de los productos cárnicos.
“Los consumidores tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los productos que están consumiendo”, ha afirmado en un comunicado el titular de Consumo.

En concreto, ha destacado la importancia de que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para saber diferenciar qué productos proceden de las macrogranjas y cuáles no.
En la reunión, que ha calificado de “fructífera y productiva”, el ministro ha compartido reflexiones sobre los problemas del mundo rural y, en particular, del sector ganadero.

Ha vuelto a defender la ganadería extensiva y familiar, que “genera puestos de trabajo y produce arraigo en la población”, frente al modelo de las macrogranjas, “explotaciones que es necesario frenar y limitar para proteger el planeta, el mundo rural y la ganadería”.
Garzón también ha reivindicado “todas las reformas” realizadas por el Gobierno para proteger a los pequeños productores como, por ejemplo, el real decreto de flexibilización del paquete higiénico-sanitario que busca facilitar la comercialización de sus productos.
“La ganadería social y familiar representa a gran parte del sector y tiene que ser defendida frente a amenazas como las macrogranjas”, ha insistido el ministro.

Además, ha criticado el “enorme coste social, ecológico y económico” de este último modelo, “en línea con los mandatos de la Comisión Europea y con la evidencia científica”.

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